En relación a la medida recientemente adoptada por el Gobierno, según la cual se deniega el derecho a recibir atención sanitaria normalizada a las personas inmi-gradas que no posean certificado de residencia, el Grupo de Trabajo de Inmigración y Salud de la semFYC expresa su total rechazo por los siguientes motivos:
- La sostenibilidad del Sistema Sanitario no se va a conseguir limitando o im-pidiendo el acceso a las prestaciones sanitarias a una población vulnerable, cuyo uso del Sistema Sanitario -en relación a la población general- es mu-cho menor.
- Esta medida además de ser injusta es -en términos económicos- ineficiente, pues el consumo que hacen estas personas de los recursos sanitarios es no-tablemente inferior al realizado por la población autóctona, al tratarse de personas jóvenes y sanas cuyo nivel de salud es en general bueno, hecho constatado en numerosos estudios científicos tanto en España como en el resto de países desarrollados.
- Aunque en términos de Salud Pública los resultados de su aplicación van a ser intrascendentes, su repercusión a nivel individual puede ser muy im-portante. El diagnóstico precoz y el control de determinadas enfermedades crónicas (hipertensión arterial, diabetes...) o degenerativas (cuidados pa-liativos en pacientes con cáncer, por ejemplo) no se puede realizar desde los Servicios de Urgencias.
- Se les impide el acceso a las medidas más rentables dentro de los cuidados de salud: Actividades de educación para la salud o vacunaciones.
- La creación de estructuras paralelas de atención sanitaria para estas perso-nas constituye por si misma una discriminación que añade más dificultades para su integración en la sociedad.
Creemos en el modelo de asistencia universal del Sistema Nacional de Salud y que se modifica en este Real Decreto-Ley, y es por ello que proponemos que se permita el acceso al Sistema Sanitario de una manera normalizada a toda la población, in-cluidos los inmigrantes en situación administrativa irregular y a todas las personas sin recursos.